Ley Sinde: nuevo panorama contra las descargas ilegales

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Tras un largo y polémico camino ya está aquí la nueva normativa contra la piratería en Internet.
En un pretendido intento de impulsar la economía del país, el ejecutivo español llevó a cabo una iniciativa denominada Ley de Economía Sostenible en la que se incluyó en la disposición final 43 un cambio del anterior régimen jurídico en materia de protección derechos de propiedad intelectual en cuanto a la creación de nuevos mecanismos dirigidos a evitar la transmisión de contenidos con derecho de autor a través de Internet. Esta disposición modificadora de la Ley de Propiedad Intelectual, la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa ha sido popularmente conocida como Ley Sinde por el apellido de la ministra de cultura promotora de su contenido.

A lo largo de los últimos años España ha recibido la presión internacional de países como Estados Unidos para llevar a cabo cambios en su legislación que favorecieran una mayor protección de la industria de contenidos. En este sentido la administración norteamericana en el informe anual Special 301 llevado a cabo por la Oficina para la Defensa de los Intereses Comerciales de Estados Unidos, España era señalada, año tras año, como país que debía ser "observado" por disponer de una legislación menos dura en materia de derechos de autor. Dentro del mencionado informe se invitaba, entre otras medidas, a ilegalizar los sistemas P2P o a endurecer las medidas contra el intercambio de archivos protegidos por derechos de propiedad intelectual incluso aunque estos se produjeran sin ánimo de lucro.

Tras el ejemplo de la aprobación de la Ley Hadopi francesa o ley antidescargas de los 3 avisos (después de las tres primeras advertencias se produce la desconexión a Internet) y la Digital Economy Act de Reino Unido, y con la presión de la industria cinematográfica y musical española, personificada en la polémica SGAE, se creó el caldo de cultivo necesario para empezar a preparar un cambio en la legislación que permitiese crear mecanismos con los que controlar y evitar las descargas indiscriminadas en Internet de contenidos protegidos.

En este sentido y tras cerca de un año y medio de periplo legislativo, en el que se llevaron a cabo los necesarios apoyos políticos por parte de los principales partidos, el 15 de febrero de 2011 fue finalmente aprobada la ley de Economía Sostenible, entrando en vigor casi un mes después, a la espera del correspondiente desarrollo reglamentario que permitiera llevar a cabo su ejecución.

Algo más de dos años después de los primeros pasos de la llamada Ley Sinde y tras un cambio de gobierno por medio, el reglamento finalmente aprobado por el Real Decreto 1889/2011 aunque el nuevo régimen antidescargas entró en vigor el 1 de marzo, según fue recogido en el Boletín Oficial del Estado (paso ineludible según la Constitución para la publicidad de toda norma).

Aun pendientes de la entrada puesta en marcha de la maquinaria legal creada por la Ley Sinde pese a que ya se han producido las primeras denuncias de autores, vamos a detallar el proceso de cierre de websites que sirvan directamente o enlacen sin permiso, contenidos con copyright:

  • Tras la denuncia cursada por una persona que considere que los contenidos sobre los que tiene algún derecho de propiedad intelectual están siendo vulnerados, ante la Comisión de Propiedad Intelectual, el responsable de la web o plataforma dispondrá de 48 horas para retirar voluntariamente el material que supuestamente viola el derecho de autor.
  • Transcurrido el plazo anterior sin una retirada de contenidos se presentarán y practicará prueba ante la Comisión de Propiedad Intelectual en los próximos dos días y se comunicarán los resultados a los interesados en los siguientes cinco días para dictar resolución en un plazo máximo de tres días que será comunicada a los afectados para su cumplimiento. Caso de apreciarse infracción por la web que permite descargas de material protegido la resolución determinará la retirada de los contenidos en 24 horas o la interrupción del servicio en un plazo de 72 horas.
  • Si la resolución no es cumplida en plazo o forma la Comisión se dirigirá al Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo para que dicte el auto autorizando o denegando la ejecución de las medidas impuestas.
Cabe señalar que la Sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, clave en todo el proceso de cierre de webs pese a que solo puede actuar a instancia de parte (denuncia del titular de un derecho de autor) es un órgano administrativo (no judicial) que presidida por el Secretario de Estado de Cultura o persona en la que éste delegue, se compondrá de vocales de los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte, Industria, Energía y Turismo, Presidencia, y Economía y Competitividad.

Desde el primer momento la nueva normativa antidescargas ha provocado reacciones encontradas por sus partidarios y detractores. La definitiva entrada en funcionamiento de las nuevas medidas no hacen sino estimular sus reacciones, en este sentido pueden encontrarse en Twitter todo tipo de comentarios (#redresiste , #nolescompres, #noalapirateria). Informes como el emitido por el Consejo General del Poder Judicial o incluso diversas sentencias donde se señalan que las páginas de enlaces sin ánimo de lucro no vulneran la Ley de Propiedad Intelectual aunque conduzcan a contenidos protegidos, unido a los diferentes mecanismos tecnológicos desarrollados o en desarrollo que permiten saltarse las barreras de control sobre el tráfico de contenidos vaticinan un camino difícil para la nueva Ley Sinde.

¿Cómo quedan los usuarios que descarguen contenidos?

Ley Sinde y el reglamento que la desarrolla no dirigen su actuación contra los usuarios que descarguen material protegido por el derecho de autor. No obstante, si se establecen mecanismos para impedir el acceso a dichos contenidos.

¿Qué pasa con las webs alojadas en servidores en el extranjero?

Este es uno de los puntos más polémicos ya que muchos señalan que la medida aprobada hará que los titulares de las webs infractoras trasladen sus contenidos a empresas de hosting en el extranjero donde las posibilidades de la ley Sinde son bastante más limitadas. Algunos informes señalan que el 75% de los sitios españoles de enlaces ya están ubicados fuera de España.

No obstante la Comisión de la Propiedad Intelectual puede ordenar a las operadoras que impidan el acceso desde territorio español a servicios o contenidos cuya interrupción haya sido decidido, en caso de prestadores establecidos fuera de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo.

¿Qué relación habíay entre la ley Sinde y la extinta Ley Sopa?

La ley Sinde como la Ley SOPA son normas antidescargas influidas por grupos de presión como la industria del cine, software y música. No obstante ambas normas son independientes y establecen mecanismos diferentes para llevar a cabo sus propios fines.

Sin llegar ser aprobada, la Ley Sopa ha dado paso a otros proyectos como Protecting Children From Internet Pornographers Act o H.R. 1981

¿Puedo ir a la cárcel porque mi web incluya o enlace con contenidos protegidos?

En España solo los delitos descritos en el código penal llevan aparejadas penas privativas de libertad. Por ello para ver si la conducta llevada a cabo por los responsables de una web puede suponer penas de prisión debemos fijarnos en los artículos 270-272 del código Penal.

Por último señalar de forma general que aquellos que distribuyan públicamente y sin la debida autorización una obra literaria, artística o científica, con ánimo de lucro y en perjuicio de tercer incurren en delito contra la propiedad intelectual con penas de 6 meses a dos años de cárc

Autor

Alvaro Martínez Guaita

Redactor de Desarrolloweb.com

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