¿Internet de banda ancha debe ser un derecho?

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Varios movimientos en Europa apuntan a la consideración del acceso a Internet a una velocidad mínima como un derecho fundamental.
16/10/2009 - Finlandia acaba de abrir el camino para declarar el acceso a Internet a 100 megas como derecho fundamental. Julio de 2010 es la fecha señalada para que todos las personas que residan en este país tengan un acceso a Internet a una velocidad mínima de 1 mega, no obstante, esta no será mas que una situación transitoria hasta que se establezca la conexión de 100 megas como derecho fundamental a finales de 2015.

Suiza garantiza desde enero de 2008 una conexión de 600 kbit/s de descarga y 100 kbit/s de subida.

Estonia, Francia o Grecia, consideran el acceso a Internet como un derecho aunque sin especificar el tipo de conexión.

En linea con lo anterior, el gobierno español ha lanzado una consulta a través de su Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para averiguar, si la banda ancha debe ser considerada elemento del servicio universal, además de conocer los aspectos más relevantes para la designación del operador que preste este servicio universal a partir del 1 de enero de 2011.

La consulta dará una referencia al Gobierno para conocer la velocidad mínima a la que debería proporcionarse el servicio de Internet a los ciudadanos que lo soliciten, independientemente de su localización geográfica. Actualmente desde diferentes foros se considera que para tener un acceso a Internet en condiciones y disfrutar de todas las prestaciones que ofrece la red, la velocidad mínima debería ser de un mega de descarga, sin embargo, hay zonas en las cuales los operadores sólo llegan con tecnologías inalámbricas que proporcionan menos ancho de banda, por lo que seria necesario una fuerte inversión en infraestructura.

Las respuestas a la consulta pública deberán remitirse, antes del próximo día 26 de octubre , a la siguiente dirección electrónica: consulta.serviciouniversal@mityc.es. Interesados pueden acceder a la misma desde www.mityc.es.

En la próxima presidencia europea a cargo de España (primer semestre 2010), se pretende impulsar el debate sobre la aprobación de una Carta Europea de Derechos de los Usuarios de Telecomunicaciones que incluyera el acceso a banda ancha como parte del servicio universal de telecomunicaciones.